Por Leopoldo Fidyka
“Los poderes públicos fomentarán el ejercicio del derecho de participación ciudadana en la gestión pública, destinando recursos, así como creando y potenciando las condiciones favorables para el
ejercicio efectivo de este derecho, en especial de aquellos sectores en condición de exclusión y vulnerabilidad social”.
Cap. I. 7, Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. (2009)
La participación ciudadana, se ha incorporado en la agenda de los municipios, tanto en el plano discursivo, en el marco normativo, como a través del despliegue de políticas e iniciativas de distinta índole. Han profundizado este proceso un conjunto de factores como el refuerzo de la gobernabilidad democrática, la crisis de legitimidad, la demanda de nuevas formas de hacer política y la necesidad de construcción de ciudadanía.
Cabe vez más se destaca la importancia de la participación e involucramiento ciudadano en los procesos de desarrollo y gestión de la ciudad, por lo que cabe preguntarse cuáles son las acciones y estrategias más adecuadas para esos propósitos, desde donde han de impulsarse y con que finalidades, lo que pone en consideración, el rol del Estado en la materia.
En aras del mentado “buen gobierno”, ya no se duda en
facilitar el acceso a la información pública, la apertura de canales de comunicación y espacios de encuentro entre administración y ciudadanos pero surgen varias cuestiones respecto a las
modalidades y estrategias de actuación más adecuadas.
El camino hacia esta exploración se abona con la reflexión y debate acerca de los principales lineamientos de las políticas que permitan la creación y potenciación de condiciones favorables para el ejercicio efectivo de la participación, para lo cual cabe precisar algunas consideraciones:
En los últimos tiempos, de alguna u otra manera la mayoría de los gobiernos se definen a si mismos o a algunas de sus políticas como “participativas”, pero cabe señalar que no siempre se está haciendo referencia a la misma cuestión, ni con similares enfoques. Bajo el paraguas de la participación aparecen muchas veces el impulso de relaciones amistosas con la ciudadanía, el registro a apoyo a las organizaciones sociales, las iniciativas de acceso a la información pública, los programas de transparencia, la puesta en práctica de distintas estrategias a través de las tecnologías de información y comunicación, la difusión de canales participativos, o el mero desarrollo de programa asistencialistas entre otros. Por lo que en principio, resulta necesario analizar el “corpus” de lo que se denomina promoción de la participación, un tema que toma protagonismo, pero aún con contornos por definir.
La cuestión demanda en forma previa, tener en consideración el tipo y orientación de participación que se pretende impulsar, la cual correspondería estar inserta en el planteo de estrategias que realmente tiendan a la adquisición de capacidades, (empoderamiento) con un fuerte compromiso ético con el proceso y finalidad, evitando actitudes que favorezcan actuaciones pseudo-participativas, dado que muchas veces bajo la máscara de la participación se esconden prácticas clientelares, manipuladoras o que nada tienen que ver con el fortalecimiento de espacios democráticos.
Promover la participación implica construir ciudadanía en el territorio, lejos de mantener el “status quo” local, debe facilitarse el desarrollo, convivencia y diálogo de los actores involucrados, favorecer su aprendizaje y crecimiento, privilegiando los puntos de convergencia para la construcción común y contribuir decididamente a la cultura cívica y a dar vitalidad y concreción a los derechos humanos.
Pero la participación ciudadana, no se configura sola, necesita ser impulsada y gestionada, si bien es responsabilidad de todos, el Estado (en todos sus niveles) debe tener respecto de ella un rol indelegable. Como política pública precisa tener un contenido cierto y ser susceptible de evaluación, para lo que se requiere avanzar en la construcción de indicadores para la medición de procesos, impactos y resultados.
Una de las claves centrales, es potenciar la voluntad y el compromiso político para con ella, lo que significa, mayor interés, mejores espacios y mayores recursos para su desenvolvimiento, ello requiere de liderazgos con visión estratégica, innovadores, que apuesten al conocimiento, compenetrados con valores ciudadanos que sepan impulsar el desarrollo del territorio fortaleciendo las relaciones de coordinación, cooperación y el capital social.
Pero, una cosa es pensar y otra ejecutar, una cosa es
trazar objetivos y otra diferente es darle materialidad, muchas iniciativas de participación se frustran en su aplicación, por inadecuada planificación o fallas metodológicas.
Se requiere entre otras cosas, explicitar reglas que
expresen la voluntad política de los actores y que obliguen a todos por igual y contar con adecuados instrumentos: existen distintas herramientas como la utilización de técnicas de educación
popular, visualización, dinámica grupal, procesos colaborativos o planificación participativa, de acuerdo a las necesidades y características de los actores y espacio específico que pueden
facilitar modalidades de actuación.
En efecto, cada escenario está cargado de diversidad (y desigualdad) por lo que se debe contemplar la diferencia en el acceso a los recursos y tender decididamente a la integración e igualdad de oportunidades, dando voz a aquellos que tradicionalmente no la han tenido.
Se vienen implementando distintas experiencias de diferente tenor y resulta muy valedero el intercambio y aprendizaje de ellas, aunque sin caer en el trasplante de experiencias, dado que en cada lugar, se piensa, siente y actúa de determinada manera y se requiere de modalidades y herramientas propias adecuadas al territorio.
El despliegue y la gestión de la participación demandan habilidades, lo que hace necesario implementar instancias permanentes de sensibilización, capacitación y formación no sólo de ciudadanos y actores de la sociedad civil, sino también para los funcionarios y decisores públicos.
Como las puertas para el cambio se abren desde adentro, en la administración pública se debe progresar en el conocimiento del impacto y/o su potenciación de la participación, por ejemplo a partir de las nuevas tecnologías y procurar una adecuada sistematización de las prácticas y experiencias adquiridas para encontrar nuevas respuestas ante el entorno cambiante y como aporte privilegiado para el diseño de políticas públicas. Sin olvidar del intercambio de investigaciones con distintos organismos, a fin de romper compartimentos estancos y evitar como muchas veces acontece, la dilapidación de esfuerzos, recursos e iniciativas.
Pero conjuntamente, fortalecer las áreas públicas que se aboquen a su promoción, ampliando cuantitativa y cualitativamente la oferta institucional existente, constituyendo equipos especializados, consolidando el trabajo en red, revalorizando el encuentro y resignificación de los saberes técnicos, políticos y populares. En efecto, en un escenario signado por la complejidad, resulta preciso romper la jerarquía y fragmentación de los saberes ante realidades o problemas cada vez más cambiantes, transversales y multidimensionales.
En definitiva, felizmente la participación llegó para quedarse, trae consigo innumerables desafíos, proponiendo renovados contenidos a la democracia. Aunque algunos querrán que sea más de lo mismo, si se desarrolla desde un paradigma comprometido con los derechos humanos, será una oportunidad hacia nuevas formas de hacer política y una inversión orientada al fortalecimiento de la ciudadanía, la alteridad y la construcción compartida del presente y el futuro colectivo.