En épocas donde el federalismo vuelve a tener preponderancia en el debate y el discurso público, cabe poner en consideración su relación con la gestión de políticas de participación ciudadana y con el amplio (y dispar) marco normativo de la República Argentina en la materia.
La promoción de los derechos y la participación ciudadana constituyen roles indelegables del Estado en todas sus esferas, porque contribuyen en gran medida a dotar de contenido al sistema democrático, construyendo ciudadanía en camino a una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.
Un dato positivo a señalar es que persistentemente en los últimos años, fue ingresando transversalmente en las agendas de los gobiernos tanto del ámbito nacional, como así también provincial y municipal, funciones relacionadas con la participación y la construcción de ciudadanía acompañados por la generación de redes en torno a estas temáticas (como el Observatorio Internacional de Participación Ciudadana, -OIDP- o en la República Argentina, la Mesa Federal de Participación Ciudadana, por ejemplo).
Una forma de potenciar
las políticas desde áreas gubernamentales, es mediante la consolidación de un entramado institucional que sostenga y apoye los procesos: para fortalecer el diseño de planes de actuación, evaluar las políticas desplegadas, brindar e intercambiar asistencia
técnica para la formulación de programas, proyectos y normas participativas, elaborar investigaciones, publicaciones y sistematización de
experiencias, y también profundizar aportes junto a otros actores, acerca de su “corpus conceptual” como política pública.
Normas participativas de participación y federalismo
Si se pone el foco en el marco normativo en el escenario federal, muchas veces se
sostiene que el marco jurídico de la Argentina es deficiente respecto a la participación, pero luego de un recorrido comparado por las últimas reformas legislativas puede afirmarse, por el
contrario, que el mismo se encuentra estructuralmente y en líneas generales ampliamente preparado para la institucionalización de formas participativas.
Son notables aunque desparejos, los avances alcanzados en la materia, en sus distintos niveles y hasta se puede sostener que hay casos en que las normas son más participativas que las realidades
que intentan regir. En consecuencia, el problema actual no es tanto técnico, de arquitectura jurídica, sino más profundo, de precariedad en la cultura democrática. Legislar no es
suficiente.
Existe un gran desconocimiento del marco normativo. Al respecto, no está de más recordar que, institucionalización y ejercicio de los derechos no son necesariamente sinónimos. Es importante que un derecho se escriba, pero tanto o más que se ejercite o se cumpla. Por lo que hay que ampliar las miradas, tener presentes las relaciones y contextos donde se inscriben las normas, incorporando a los tradicionales abordajes jurídicos e institucionales el análisis de las causas del desconocimiento y falta de apropiación de las normas por parte de la ciudadanía.
La diversidad federal facilita la adopción de las soluciones más adecuadas de acuerdo a las necesidades de cada lugar y ello constituye una gran riqueza y oportunidad para el aprendizaje colectivo.
La participación ciudadana puede ser fortalecida si aparece o es ratificada en los marcos constitucionales, pero su aplicación concreta y cotidiana en las ciudades puede llevarse a la práctica a través de instrumentos jurídicos de menor jerarquía.
Si la solución fuera sólo jurídica, bastaría por ejemplo incluir en la ley orgánica municipal de las provincias que aún no la tienen, una batería de mecanismos participativos o simplemente mediante un reglamento local o un conjunto de ordenanzas municipales. Pero su concreción y despliegue requiere de compromiso, voluntad política, recursos y de una generalizada toma de conciencia respecto de su significado, importancia y utilidad para el desarrollo integral de las personas.
Si existen amplios consensos en cuanto a la presencia de la participación en el ámbito local, cabe la pregunta: ¿Por qué no se buscan los procedimientos necesarios en el marco del federalismo de concertación, para que los ciudadanos, más allá de las jurisdicciones donde habitan, puedan acceder a similares mecanismos de participación ciudadana?
Propuestas integradoras
Resulta poco efectivo e igualitario que en un tema tan trascendente los ciudadanos cuenten en algunos lugares del escenario federal con canales de participación en toda la pirámide normativa y en otros ni siquiera se tengan garantizados mecanismos básicos. Si se traza un panorama del marco local para la participación ciudadana de la República Argentina, se puede pasar de la abundancia a la escasez sólo cambiando de provincia e incluso de ciudad aún de similares características.
El federalismo conjuga la unidad y la diversidad, y sabiamente se deben congeniar fórmulas, alejadas de centralismos pero también de improductivos compartimientos estancos, para avanzar en la construcción de acuerdos de concertación y cooperación para grandes temas.
- Si se toma la participación ciudadana y su profundización en el ámbito local como una verdadera política pública, sería oportuno avanzar en el marco del pleno respeto de las autonomías provinciales en la consolidación de acuerdos generales, en los que se garantice a todos los habitantes el acceso a similares mecanismos de participación, más allá de las jurisdicciones donde vivan (“Propuesta Descendente”).
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En forma simultánea se puede ir trabajando desde las ciudades: más allá de las
disparidades del marco jurídico vigente, nada impide la elaboración de reglamentos de la participación que otorguen certidumbre a los ciudadanos acerca de los canales de participación
posibles (“Propuesta Ascendente”)
- En relación a las políticas de participación ha de plantearse con coherencia metodológica planificaciones flexibles pero con articulación federal, que contengan con claridad de objetivos, estrategias adaptadas a los diferentes contextos con creatividad e innovación, apoyadas en ejes como la información abierta y accesible, la educación, la colaboración, la evaluación y la transparencia de los procesos.
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(*) Abogado (UBA), Magíster en Dirección y Gestión Pública Local (UIM, Universidad Carlos III- Universidad Internacional Menéndez Pelayo, España), Investigador, docente y consultor de distintos organismos y centros académicos. Se desempeña en la Administración Pública Nacional y es investigador de ESEIAP, Espacio de Estudios Interdisciplinarios sobre Asuntos Públicos.