Ética, Transparencia e Integridad Institucional en el entorno público. Una reseña de la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública.
Por Gustavo Daniel Di Paolo y Leopoldo Fidyka
ESEIAP Argentina
La Carta Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública (CIEIFP), aprobada por la XVIII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en Antigua, Guatemala, el 26 y 27 de julio de 2018, refleja el interés manifiesto y la preocupación decidida por las prácticas corruptas y sus derivaciones estructurales que inciden sobre los ejes del desarrollo y de la convivencia, y que establecen consecuentemente la deslegitimación de la acción pública en el entorno global.
La Conferencia fue organizada por el Instituto Nacional de Administración Pública de Guatemala, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y la Secretaría Pro Témpore Guatemalteca, con apoyo de la Secretaría General Iberoamericana y participaron representantes de los veintidós países que conforman el espacio iberoamericano.
Son los principales objetivos de la Carta promover la integridad de los responsables y servidores públicos en todos sus niveles, en una actuación continuamente coherente con los valores y principios relevantes de la ética del servicio público contribuyendo a la legitimación de la acción pública y al refuerzo de la confianza en las instituciones públicas.
Este instrumento busca motivar el aprendizaje e intercambio sostenido de buenas prácticas entre los países firmantes, a fin de fortalecer un sistema de integridad en el contexto de las Administraciones con prioridad en la ética pública, brindando un marco genérico en lo atinente a idiosincrasia, historia, cultura, tradición jurídica y entorno institucional propios de cada actor estatal y aplicables a todos los poderes del Estado y órganos constitucionales.
En correlato, la CIEIFP tiene también como propósito contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y en particular consolidar sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces y responsables.
Esto se complementa con la lógica de acceso a la información pública y la preservación de las libertades fundamentales, en lo que respecta al marco jurídico-normativo local e internacional.
No obstante, la Carta contribuye al cumplimiento de los ODS emparentados con la eliminación de la pobreza, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y la reducción de la desigualdad.
En consecuencia, resulta trascendente definir el entorno de integridad organizacional a través de la formulación de Códigos Éticos además de concebir las conductas moralmente pertinentes con un decidido acatamiento de los derechos humanos y de los valores de igualdad de género, diversidad y discriminación positiva en el contexto institucional.
Por otra parte, se torna esencial la canalización de acciones de capacitación en ejes temáticos como ética, transparencia e integridad institucional en entidades públicas.
La gestión y la evaluación de riesgos de maniobras corruptas en el seno organizacional, la articulación de un sistema de denuncias y de protección a los informantes de estas actividades delictivas, la activación de mecanismos de transparencia activa, pasiva y focalizada, la potenciación de los datos abiertos en la Administración Pública, y la incorporación de nuevas tecnologías y redes sociales digitales como fuentes de generación de espacios de participación ciudadana en un espacio de innovación y creatividad, se vuelven indispensables y superadoras.
Adicionalmente, es requerible la fusión del sistema de integridad organizacional con los procesos y la operatoria de control interno dentro del marco institucional, determinando por ende sinergias en un esquema cooperativo e interactivo.
La gestión por resultados para el desarrollo en los estamentos nacional e institucional tiende a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación del impacto de las políticas en contrataciones públicas existentes.
Por lo tanto, la Carta plantea como orientaciones para la acción:
· Elaborar periódicamente diagnósticos completos del sistema de integridad nacional para garantizar la integridad, transparencia y rendición de cuentas, los cuales deben quedar constituidos como línea base para la evaluación posterior de los impactos de los instrumentos que se implementen para el mejoramiento de la Gestión Ética.
· Generar, ejecutar y sostener financieramente, diseños organizativos que incluyan los componentes fundamentales del modelo de integridad organizacional definido nacionalmente y que, además, interactúen con los otros subsistemas de gestión.
· Redactar como parte esencial de los marcos de integridad organizacional, códigos éticos en sus organizaciones, siguiendo en la medida de sus posibilidades y prioridades las pautas procedimentales marcadas en el documento base y con los contenidos definidos como esenciales en el mismo.
· Realizar periódicamente encuestas de diagnóstico de clima ético en las organizaciones, desarrollar actividades de formación en ética en las organizaciones públicas, generar sistemas de asesoramiento ante dilemas éticos mediante comités de ética u otros que se consideren pertinentes; realizar evaluaciones de riesgos de corrupción en el ámbito de sus organizaciones, focalizándolos esencialmente en las áreas de riesgo y siguiendo las fases que las organizaciones internacionales especializadas proponen.
· Incorporar al marco de integridad un sistema de denuncias y de protección a los denunciantes de corrupción, fraude, despilfarro o conductas contrarias a los códigos éticos y, en su caso, a los testigos.
· Fomentar de acuerdo con la normativa existente en cada país, mecanismos de transparencia activa, pasiva y focalizada; la promoción y potenciación de los datos abiertos en la Administración Pública; la incorporación de nuevas tecnologías y redes sociales digitales como medio para generar espacios de escucha activa, vías para la participación ciudadana en la gestión y para colaboración en la innovación y búsqueda de soluciones
· Formular e implementar una regulación completa y sistemática sobre prevención y gestión de los conflictos de intereses, con su correspondiente sistema de incumplimientos y sanciones, incluyendo en ella un sistema de detección, control e investigación a través de un órgano independiente.
· Disponer a través de las normas legales consecuentes, de un sistema normativo donde se definan los incumplimientos de la integridad, sus niveles de gravedad y las sanciones y donde se asegure que existen consecuencias negativas en caso de incumplimiento.
· Construir sistemas de gestión por resultados para el desarrollo (GpRD) con ámbito nacional y, consecuentemente, en cada organización, de tal manera que se refuerce la dirección estratégica, los presupuestos vinculados a objetivos, la rendición de cuentas y se evalúe el impacto de las políticas existentes. La gestión de la integridad debe integrarse con la gestión del resto de subsistemas de las organizaciones, convirtiéndose en un principio orientador para el conjunto de Cartas del CLAD; desarrollar las mejores prácticas internacionales en contratación pública, y cumplir con criterios fundamentales de profesionalidad y eficacia en relación a la selección, competencias y protección de los miembros de los Comités de ética.
· Fortalecer las capacidades de los órganos rectores en materia de ética, integridad y conflictos de intereses, asegurando que estén dotados de la independencia legal y autonomía financiera necesaria, conforme la legislación doméstica de cada país, para ejercitar adecuadamente sus funciones.
Estas orientaciones constituyen importantes insumos para el diseño, formulación y evaluación de políticas públicas en la materia, no sólo para los gobiernos nacionales, sino también para los del ámbito subnacional y local, los cuales muchas veces carecen de marcos de referencia sistémicos como los que ofrece este instrumento.
Su despliegue propenderá a la generación de valor público y al aumento de los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas en un entorno decididamente democrático. En tal sentido, como se sostiene en el mismo Preámbulo de la CIEIFP, la misma “ofrece un camino hacia el comportamiento íntegro en las organizaciones públicas, un camino que supere el mero rechazo de las actuaciones corruptas y busque la mejor forma de servir los intereses generales”.
En sintonía con lo señalado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), plantea a la gobernanza como una opción estratégica a largo plazo para asistir a los gobiernos en diseñar y ejecutar políticas innovadoras comprometidas con la ciudadanía y con la cultura de la integridad; teniendo en cuenta que un gobierno transparente y abierto debe permitir la participación de todos los actores no estatales o subestatales en el proceso de toma de decisiones del entorno público.
Así la presente Carta significa un paso adelante en la búsqueda de acordar, congeniar y señalar ejes estratégicos, criterios y directivas para la acción de los gobiernos de la región, en temáticas tan trascendentes como la ética e integridad en la función pública.