Por Gustavo Daniel Di Paolo
A priori, la democratización y concertación en los gobiernos locales, la concepción de opciones y acciones estratégicas, la adaptabilidad institucional en el orden local a los cambios del contexto o entorno internacional, la reformulación permanente de la planificación estratégica preconcebida, la prevalencia de la variable política en el actor estatal local (independientemente de la pretendida sofisticación del proceso de gestión), y la participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones, se divisan como alternativas válidas para abordar la problemática local en la actual lógica del contexto global.
Un proceso que ha cobrado importancia a partir de la consolidación del derecho democrático ejercido por los actores sociales a través de su participación permanente en el planteamiento y priorización de sus demandas, es el control que su implantación requiere, su aprovechamiento, uso y conservación. La vigencia de la planificación participativa ha dado lugar a la necesidad de reestructurar la institución municipal, partiendo del conocimiento objetivo de sus realidades como insumo fundamental, del cual surgen respuestas a las crecientes y permanentemente insatisfechas demandas sociales.
La pretendida transformación de la institución municipal en el contexto de las ciudades, de un sistema centralizado, burocrático y con escasa agilidad operativa hacia un modelo que privilegia el contacto directo con la sociedad y sus actores, reconociendo su diversidad física, social, económica y cultural, refleja una nueva visión de la construcción del municipio, viabilizando una gestión socialmente sostenible, transparente, incluyente y eficiente. Esta transformación requiere que la transferencia de competencias y responsabilidades antes ejercidas por las instancias centrales del gobierno municipal, esté acompañada del fortalecimiento de las delegaciones municipales en recursos humanos, financieros y materiales mediante una acabada descentralización.
La consolidación democrática (redemocratización), el crecimiento económico, y la mejora de los índices de desigualdad social, deben convertirse en temas relevantes al considerar una redefinición del Estado. Se debe bregar por recuperar la capacidad de gestión estatal.
Los gobiernos democráticos de las ciudades, están ante la doble tarea, compleja y urgente, de promover acciones que respondan a demandas sociales, a necesidades funcionales y a objetivos económicos por una parte y por otra, la de promover una reforma racionalizadora.
Bajo esta perspectiva, el gobierno de la ciudad debe ser el ente que dé cabida a esta diversidad de demandas sociales. La promoción del desarrollo económico y social en un marco democrático, debe incorporar aspectos que obligan a acordar y explicitar valores sociales. La promoción del desarrollo sin dudas alude a prioridades, tanto de inversión como de acción social, que son concebidas permanentemente a partir de las necesidades y los valores predominantes en la sociedad. Una gerencia social comprometida con un modelo democrático de desarrollo- a fin de propiciar cambios sociales sostenibles en un escenario de recursos escasos- requiere que se hagan explícitos dichos valores y los compromisos necesarios para su efectividad. Es decir, se debe regir por una base ética definida, conocida y consensuada por los actores que participan y se deben involucrar.
De esta manera, la incorporación de la dimensión ética al desarrollo debe ser promovida y propiciada a través de un desarrollo “social”, “humano” “integral”, “sustentable” e “inclusivo”. El concepto de política social se ha tornado inseparable de la ciudadanía.
Es menester considerar una variable interna emparentada con la cualidad y calidad de vida para los ciudadanos, y una dimensión eminentemente externa relacionada con el rol de la ciudad en el territorio, además de abordar la variable territorial y de innovación tecnológica y gestión de calidad con una alta impronta de creatividad.
El desarrollo local tiene que ser reorientado en su objetivo para cubrir o minimizar estas deficiencias y los impactos negativos en el desarrollo social, impulsando y promoviendo proyectos que impliquen nuevas formas de organización para incrementar los niveles de eficiencia pero también la consecución de una mayor igualdad en el acceso a los recursos y beneficios del crecimiento económico. No obstante, la promoción del desarrollo económico local se mantiene solamente con una orientación en el ámbito del mercado, por lo que sería importante no conceptualizarlo subordinado siempre a la eficiencia de los agentes económicos, y si concebido en el entorno de una base democrática y social.
Los procesos de descentralización emprendidos, no interactúan con una estrategia de desarrollo local emparentada con una priorización de lo endógeno, y que consigne como esencial y trascendental la negación de toda medida de rentabilidad que no esté sustentada en las premisas del desarrollo local referido. Por ello, planteo que debe instrumentarse un mecanismo participativo en el proceso de toma de decisiones que incluya a todos los actores involucrados como agentes relevantes en la formulación y concepción del desarrollo pretendido.
En definitiva, concebir una institucionalidad municipal como instrumento operador de la relación Gobernabilidad- Gobernanza en un entorno de valedera participación de los actores no estatales en el proceso de toma de decisiones de la variable local, estableciendo una lógica de liderazgo natural, servicio al ciudadano, y de promoción de “agentes de cambio”.